Informe sobre muertes en manos del aparato represivo del Estado en Corrientes 

El Observatorio de Conflictos Sociales en el Nordeste Argentino (OCSo-NEA) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) se encuentra desarrollando una investigación empírica sobre muertes causadas por el aparato represivo estatal en las provincias de Corrientes, Chaco y Misiones. Los primeros resultados indican que los lugares de encierro son el escenario principal en el que el Estado ejerce el poder de matar: más de la mitad de los casos registrados en la última década ocurrieron en cárceles y comisarías. No obstante, el número de víctimas de gatillo fácil y muertes en operativos policiales también es significativo y demuestra que la letalidad de la violencia estatal se aplica tanto adentro como afuera de los muros.

El pasado 8 de octubre la muerte de María Elena Frette -una presa del Instituto Pelletier (Unidad Penal N° 3)- volvió a visibilizar en la opinión pública el problema de las muertes de personas bajo custodia del Estado. Transcurrieron 19 días desde que María Elena se tragó una bombilla de mate hasta que murió por una infección generalizada. La mayor parte de ese tiempo permaneció en la Unidad Penal, ya que el Servicio Penitenciario sólo la trasladaba -primero al hospital Escuela y luego al hospital Vidal- para una atención ambulatoria (los médicos sólo le dieron calmantes y laxantes): no permitieron su internación, negándole la posibilidad de una intervención quirúrgica.

Frette (30 años) tenía antecedentes de autolesión y sin embargo el Esta- do no le brindó la contención necesaria incumpliendo con las Reglas de Bangkok1de la Naciones Unidas , a las que la República Argentina adhiere y promociona2 . La regla 16 es taxativa: “La elaboración y aplicación de estrategias, en consulta con los servicios de atención de salud mental y de asistencia social, para prevenir el suicidio y las lesiones autoinfligidas entre las reclusas y la prestación de apoyo adecuado, especializado y centrado en sus necesidades a las mujeres en situación de riesgo deberán formar parte de una política amplia de atención de salud mental en los centros de reclusión para mujeres”. Ver el informe completo en pdf

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