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Derechos Humanos

El área de Derechos Humanos del Observatorio de Conflictos Sociales en el Noroeste Argentino (OCSoNEA) se focaliza en la vulneración de los derechos elementales e inajenables como expresión de la conflictividad social. Desde el marco teórico general del OCSoNEA tratamos de hacer observable cómo a través de la dinámica del conflicto (implicada en la lucha de clase, las relaciones de poder y la gubernamentalidad) se manifiestan fenómenos de violencia que afectan derechos primerísimos (fundamentalmente el de la vida).

En este primer momento como área estamos abocados a la recolección, procesamiento, sistematización y análisis de casos de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo del Estado. Para ello consideramos como unidad de análisis a toda “aplicación de política represiva estatal y la utilización de recursos del aparato estatal cuyo resultado sea la muerte de la víctima”, siguiendo la conceptualización de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORePI). A la fecha contamos con un registro de casos sistematizado de las provincias de Corrientes, Chaco y Misiones, en un periodo que abarca los últimos diez años (2008-2018).

Para su confección hemos tomado contacto y generado articulaciones con organismos (Red Provincial de Derechos Humanos de Corrientes y Comisión por la Memoria de Chaco) para el intercambio de datos e información. Además tomamos como insumos para la confección de matrices reportes periodísticos e informes anuales de la CORePI.

Nuestra intención es poder presentar antes de fin de año los resultados plasmado en un informe comparativo con el objetivo de hacer notar las particularidades y semejanzas en del fenómeno en cada territorio y su respectiva formación social

Informe sobre muertes en manos del aparato represivo del Estado en Corrientes 

El Observatorio de Conflictos Sociales en el Nordeste Argentino (OCSo-NEA) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) se encuentra desarrollando una investigación empírica sobre muertes causadas por el aparato represivo estatal en las provincias de Corrientes, Chaco y Misiones. Los primeros resultados indican que los lugares de encierro son el escenario principal en el que el Estado ejerce el poder de matar: más de la mitad de los casos registrados en la última década ocurrieron en cárceles y comisarías. No obstante, el número de víctimas de gatillo fácil y muertes en operativos policiales también es significativo y demuestra que la letalidad de la violencia estatal se aplica tanto adentro como afuera de los muros.

El pasado 8 de octubre la muerte de María Elena Frette -una presa del Instituto Pelletier (Unidad Penal N° 3)- volvió a visibilizar en la opinión pública el problema de las muertes de personas bajo custodia del Estado. Transcurrieron 19 días desde que María Elena se tragó una bombilla de mate hasta que murió por una infección generalizada. La mayor parte de ese tiempo permaneció en la Unidad Pe- nal, ya que el Servicio Penitenciario sólo la trasladaba -primero al hospital Escuela y luego al hospital Vidal- para una atención ambulatoria (los médicos sólo le dieron calmantes y laxantes): no permitieron su internación, negándole la posibilidad de una intervención quirúrgica.

Frette (30 años) tenía antecedentes de autolesión y sin embargo el Esta- do no le brindó la contención necesaria incumpliendo con las Reglas de Bangkok1de la Naciones Unidas , a las que la República Argentina adhiere y promociona2 . La regla 16 es taxativa: “La elaboración y aplicación de estrategias, en consulta con los servicios de atención de salud mental y de asistencia social, para prevenir el suicidio y las lesiones autoinfligidas entre las reclusas y la prestación de apoyo adecuado, especializado y centrado en sus necesidades a las mujeres en situación de riesgo deberán formar parte de una política amplia de atención de salud mental en los centros de reclusión para mujeres”.

Ver el informe completo en pdf