Derechos Humanos
El área de Derechos Humanos del Observatorio de Conflictos Sociales en el Noroeste Argentino (OCSoNEA) se focaliza en la vulneración de los derechos elementales e inalienables como expresión de la conflictividad social. Desde el marco teórico general del Observatorio, tratamos de hacer observable cómo a través de la dinámica del conflicto (implicada en la lucha de clase, las relaciones de poder y la gubernamentalidad) se manifiestan fenómenos de violencia que afectan derechos primerísimos (fundamentalmente el de la vida).
En un primer momento, nos encontramos abocados a la recolección, procesamiento, sistematización y análisis de casos de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo del Estado en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Para ello, consideramos como unidad de análisis a toda “aplicación de política represiva estatal y la utilización de recursos del aparato estatal cuyo resultado sea la muerte de la víctima”, siguiendo la conceptualización de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). A la fecha contamos con un registro de casos sistematizado de las provincias de Corrientes, Chaco y Misiones, en un periodo que abarca los últimos diez años (2008-2018). Para su confección hemos tomado contacto y generado articulaciones con organismos (Red Provincial de Derechos Humanos de Corrientes y Comité Contra la Tortura de Chaco) para el intercambio de datos e información. Además tomamos como insumos para la confección de matrices reportes periodísticos e informes anuales de la CORREPI.
A partir de la declaración de Emergencia Sanitaria por la pandemia de COVID-19, y de su fuerte impacto particularmente en la provincia del Chaco, comenzamos a relevar los casos de detenciones en la vía pública, criminalización de la protesta y mecanismos de control social sobre la población.
Represión y Coronavirus en la Unidad Penal N°1 de Corrientes
DEL 17 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2020
El 21 de abril de 2020, en el marco de una represión por la huelga de hambre llevada a cabo junto con otros 400 internos de la Unidad Penal N° 1 (UP1), José María “Kevin” Candia de 22 años de edad fue asesinado por el Servicio Penitenciario y la Policía de Corrientes. Su cuerpo presentaba 3 impactos de bala de plomo y 10 perdigones de posta de goma. Antes de tener los resultados de la autopsia, el subsecretario de Gobierno correntino, Luis Bravo, dijo a los medios de comunicación que había sido acuchillado cuando peleaba con otros presos y que los disturbios fueron generados por los condenados por violación.
Represión y Control Social en el Chaco durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19
El 31 de mayo de 2020 se viralizó un VIDEO que registra un procedimiento policial en el domicilio de una familia qom en la localidad chaqueña de Fontana. La violencia, el racismo y el abuso de poder puestos de manifiesto en este hecho puntual constituyen sólo un botón de muestra de un Estado Policial que se ha ido instaurando en el Chaco a partir de la Emergencia Sanitaria. Una serie de mecanismos de control social, cuyo funcionamiento se complementa y yuxtapone, han dejado a la ciudadanía a merced de unas fuerzas de seguridad con cada vez mayor cantidad de funciones, autonomía, legitimidad e impunidad en su accionar. Su poder y eficacia para doblegar los derechos de la población contrastan con la poca eficiencia para contener la epidemia que en el Chaco ha causado casi el 10% del total de muertes aunque su población representa el 2,5% de los habitantes de la Argentina.
Informe sobre muertes en manos del aparato represivo del Estado en Corrientes
El Observatorio de Conflictos Sociales en el Nordeste Argentino (OCSo-NEA) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) se encuentra desarrollando una investigación empírica sobre muertes causadas por el aparato represivo estatal en las provincias de Corrientes, Chaco y Misiones. Los primeros resultados indican que los lugares de encierro son el escenario principal en el que el Estado ejerce el poder de matar: más de la mitad de los casos registrados en la última década ocurrieron en cárceles y comisarías. No obstante, el número de víctimas de gatillo fácil y muertes en operativos policiales también es significativo y demuestra que la letalidad de la violencia estatal se aplica tanto adentro como afuera de los muros.
El pasado 8 de octubre la muerte de María Elena Frette -una presa del Instituto Pelletier (Unidad Penal N° 3)- volvió a visibilizar en la opinión pública el problema de las muertes de personas bajo custodia del Estado. Transcurrieron 19 días desde que María Elena se tragó una bombilla de mate hasta que murió por una infección generalizada. La mayor parte de ese tiempo permaneció en la Unidad Pe- nal, ya que el Servicio Penitenciario sólo la trasladaba -primero al hospital Escuela y luego al hospital Vidal- para una atención ambulatoria (los médicos sólo le dieron calmantes y laxantes): no permitieron su internación, negándole la posibilidad de una intervención quirúrgica.
Frette (30 años) tenía antecedentes de autolesión y sin embargo el Esta- do no le brindó la contención necesaria incumpliendo con las Reglas de Bangkok1de la Naciones Unidas , a las que la República Argentina adhiere y promociona2 . La regla 16 es taxativa: “La elaboración y aplicación de estrategias, en consulta con los servicios de atención de salud mental y de asistencia social, para prevenir el suicidio y las lesiones autoinfligidas entre las reclusas y la prestación de apoyo adecuado, especializado y centrado en sus necesidades a las mujeres en situación de riesgo deberán formar parte de una política amplia de atención de salud mental en los centros de reclusión para mujeres”.
